Detectives, funcionarios y empresarios, entre los detenidos por tráfico de datos
Una enorme red de venta de datos confidenciales fue desarticulada por la policía a lo largo mayo. En la Operación Pitiusa, dirigida por la sección de Seguridad Privada de la Jefatura de Policía de Barcelona, han sido detenidas hasta ahora más de 150 personas, entre las que hay numerosos detectives privados, policías, guardias civiles, mossos d’esquadra, funcionarios de Hacienda y de a Seguridad Social, altos directivos de varias empresas de telefonía móvil y abogados de importantes bufetes de Barcelona y Madrid. En el entramado había un hacker, que a veces ha trabajado para el CNI, que era capaz de penetrar fácilmente en el correo electrónico de cualquier persona (previo pago, claro), sin ningún escrúpulo.
Entre los perjudicados por esta actividad ilícita de comercio de información privada está Telma Ortiz, cuyos datos sobre su vida laboral fueron vendidos a un detective privado., según publica en su último número la revista Interviú. Según las fuentes informantes de EL PAÍS, fue una empleada pública de Barcelona la que extrajo todos esos datos sobre el sueldo y demás circunstancias laborales de la hermana dela Princesacon destino a facilitárselos a una televisión interesada en airearlos.
Las investigaciones comenzaron a principios de 2011, cuando la policía supo que un ex detective privado, que en la actualidad es policía local en Santa María de Palautordera (Barcelona), estaba supuestamente vendiendo datos de coches, DNI, antecedentes policiales, etcétera.
Las pesquisas desarrolladas durante más de un año confirmaron la existencia de una red, una especie de telaraña dispersa por toda España. Por algunas de las informaciones cobraba entre 30.000 y 40.000 euros. Un informe sacado dela Seguridad Socialo de Hacienda costaba hasta 8000 euros. Un informe médico sobre una persona valía 800 euros, mientras que la banda pagaba 40 euros al policía que le facilitara los datos de un DNI. En algunos casos, la compra de información confidencial estaba destinada a extorsionar a los afectados, entre los que hay desde directivos de importantes multinacionales como Unilever hasta simples trabajadores.
La banda tenía ramificaciones en Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Asturias, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Valenciana.