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Martes, 22 Noviembre 2016 00:00

Acal considera escasa la reducción de los plazos de acceso a los documentos en Castilla y León

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La Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, PPL/000012, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Podemos Castilla y León, Ciudadanos y Mixto, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, n.º 196, de 14 de noviembre de 2016, será uno de los protagonistas de la sesión plenaria del día de hoy..

 

Han pasado ya veinticinco años desde que se aprobara la  Ley 6/1991, de 19 de abril, de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. En ese momento, la regulación del acceso fue un acierto con un desarrollo informático incipiente y un bien jurídico protegido que se limitaba a la intimidad (la extensión a todos los datos personales se aprobaría con posterioridad, a través de  la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de 1999).

Las actuales circunstancias hacen necesaria una nueva regulación del acceso a los documentos que aproximándose a los nuevos paradigmas doctrinales y jurisprudenciales, vaya más allá de la proposición que se somete a votación en las Cortes, y   considere los siguientes aspectos:

 

·  Sin llegar a eliminar la protección de la intimidad de las personas fallecidas establezca una mayor reducción de  los plazos de limitación al acceso tras el fallecimiento o la fecha del documento de los 25  o 50 años que se establecen en la proposición de ley.

 

· Incorporación al ordenamiento la obligación de las administraciones públicas y los archivos de facilitar a los ciudadanos el efectivo ejercicio del derecho de acceso a los documentos facilitándoles los recursos y herramientas  necesarias.

 

· Introducción de  un régimen privilegiado de acceso a los afectados por el robo de niños y otros colectivos de víctimas que se enfrentan a fuertes trabas cuando intentan acceder a los documentos para obtener una reparación.

 

·  Necesidad de una regulación del acceso que fuese dictaminado específicamente para cada serie documental por la comisión de acceso o calificadoras de los documentos.

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