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Lunes, 01 Junio 2015 00:00

Presencia de los archivos en los programas electorales de 2015

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A la vista de los resultados de las elecciones el pasado 24 de mayo de 2015, hemos podido comprobar cómo se ha abierto un nuevo panorama en la política española en el Gobierno municipal y autonómico. Varios han sido los partidos que han tenido relevancia estas elecciones: por un lado Ciudadanos, de posición central, y por otro lado una serie de partidos de tendencia de izquierdas como el mediático partido de Podemos,Ahora Madrid, Barcelona en Comú, Compromís (presente en política desde hace algunos años más que estos últimos, al igual que Ciudadanos), Marea Atlántica, etc.

Estos partidos han destacado por desafiar el inamovible bipartidismo que ha definido el Gobierno español desde mediados de la década de los 70. A un lado están aquellos que afirman que esta nueva situación se debe a que la ciudadanía española está cansada de los gobiernos de siempre, que no cumplen con lo que dicen y que se han visto azotados por una enorme ola de corrupción destapada en estos últimos años. A otro, están aquellos que declaran que la aparición de estos nuevos partidos de la ciudadanía, surgidos como germen del Movimiento del 15-M, han supuesto el regeneracionismo político, ya que han puesto sobre la mesa posibles nuevas formas de gobernar.

En el presente artículo queremos acercarte las diferentes propuestas que se han hecho en torno a los archivos en los diferentes programas electorales de los partidos políticos más relevantes de estas elecciones. Antes citábamos en primer lugar a Ciudadanos; pues bien, este partido no recoge a priori ninguna propuesta para los archivos públicos estatales, a pesar de que sí recogía algunas ideas en sus programas electorales de 2008 y 2010, cuando era un partido activo únicamente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en los que establecían lo siguiente:

 

“Promoveremos un programa de digitalización de todos los archivos documentales públicos y privados que permita proteger y preservar el patrimonio documental nacional, así como impulsar su difusión y conocimiento facilitando a los investigadores y a todos los españoles su libre acceso. Dicho plan debería permitir disponer en 2016 de un registro documental único de ámbito nacional.”(Programa Electoral para las Elecciones Generales de 2008).

 

Proponen, en el programa electoral de 2010, la mejora a diferentes niveles de la Administración de Justicia en Cataluña: “Estableceremos un plan de gestión de documentos que garantice la correcta administración de archivos en todos los juzgados de Cataluña”. Mientras que en el programa electoral de 2015 proponen lo siguiente: “Estableceremos la máxima transparencia en la adjudicación de contratos por parte de la Administración, incrementaremos los concursos abiertos y fomentaremos la libre concurrencia.” Por desgracia, esta transparencia hace referencia única a la transparencia administrativa, y no a la transparencia en la que participan los archivos.

 

Indican también: “Iniciaremos una segunda fase de descentralización política y administrativa transfiriendo competencias autonómicas a los Ayuntamientos, con el objetivo de fomentar la proximidad a los ciudadanos de los servicios prestados por las Administraciones Públicas. Estas medidas se han de llevar a cabo garantizando los recursos económicos necesarios. En esta línea, es necesario traspasar de manera efectiva las oficinas de servicios sociales básicos a los municipios, así como aquellos otros servicios que por proximidad prestan ahora los Ayuntamientos sin atribución ni asignación económica especifica.” Esto puede facilitar que los ayuntamientos tengan cierta autonomía para decidir sobre el acceso al patrimonio de los archivos municipales por parte de los habitantes del municipio, de manera que no haya un control tan restrictivo para los usuarios, ya que generalmente la relación entre los ciudadanos y una alcaldía o ayuntamiento es más cercana y menos autoritaria.

Los partidos tradicionales, PP y PSOE, recogen escasas referencias al patrimonio o herencia cultural en el apartado de cultura de sus programas electorales. Así pues, el PP, en su apartado XV de cultura y deporte, establece que se “promoverá una mayor coordinación y colaboración entre las corporaciones locales y el resto de administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado…”. También especifica que se atenderán de una manera prioritaria las necesidades de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural, histórico y natural de nuestros pueblos y ciudades. Aunque no hace referencia a los archivos, sí se refiere a las bibliotecas, museos, teatros, etc., insistiendo en su importancia para la unión de la comunidad. En cuanto al PSOE, este sí incluye 2 proyectos que conciernen al Patrimonio Histórico:

 

“Desarrollaremos un Plan específico sobre el Patrimonio Histórico, su catalogación, medidas de cuidado y protección, reintegrando los elementos patrimoniales en la vida pública para el acceso y disfrute de toda la población y con la participación de expertos y colectivos sociales. En este sentido, pondremos en marcha un Plan de actividades de carácter educativo, especialmente en el ámbito de los colegios, para el conocimiento y disfrute del patrimonio histórico cultural local en todas las etapas educativas. También realizaremos un Plan Específico para facilitar el disfrute de dicho patrimonio de todos los colectivos con algún tipo de discapacidad física y mental.”

 

En cuanto a los partidos de nueva creación destacamos el caso de Podemos, Ahora Madrid y Barcelona en Comú. Del primero de estos partidos de reciente creación cabe resaltar lo siguiente: “Implantaremos un código de buenas prácticas en el ámbito autonómico con medidas de ejercicio responsable de la Administración Pública y medidas para garantizar la transparencia en las instituciones culturales” y “crearemos órganos de diseño y control de las políticas públicas,  en los que participarán los sectores profesionales y la ciudadanía, y Observatorios Ciudadanos de la Cultura  que sirvan para evaluar el uso de los recursos comunes, y cuyo objetivo prioritario sea fortalecer un tejido cultural conectado con las demandas de la ciudadanía”. Podemos también hace hincapié en eliminar el oscurantismo burocrático o de la Administración, que aleja a los ciudadanos de las actividades del sector público, lo que dificulta su participación y, de nuevo, causa autoritarismo o abusos de poder por parte del Estado.

Destacaremos también que Podemos ha desarrollado programa básico que ha adaptado a cada comunidad autónoma. En el caso de Castilla y León, al igual que en otras, propone en el punto 266 la “revisión y modificación de las leyes de archivos, música y etnografía, con la consiguiente elaboración de catálogos y planes adecuados a las mismas”. El modelo participativo de estos nuevos partidos puede facilitar la incursión de los profesionales de los archivos en la toma de decisiones con respecto a los mismos de forma más activa que hasta el momento, lo que puede ser un punto positivo.

Desde Ahora Madrid, la información dispuesta resulta de especial interés y recoge los siguientes puntos, desarrollados claramente y en los que aboga por la profesionalización de cargos públicos en la gestión de la información local, en la que tienen especial importancia los archiveros:

 

2.3. Reformar la administración local para una gestión racional, justa y transparente:

 

La gestión de los asuntos locales debe estar regida por principios de transparencia, racionalidad y defensa de los servicios públicos, de manera que se asegure el acceso de la ciudadanía a toda información pública relevante, que la función pública esté desarrollada de manera justa y eficiente y que las instituciones y agentes encargados de ejecutar dicha función se rijan por principios de justicia y calidad profesional.

 

2.3.1. Profesionalización y mejora de la estructura del Ayuntamiento

 

a) Reestructurar el organigrama del Ayuntamiento con el fin de racionalizar las estructuras directivas, reducir y limitar los cargos de asesores y puestos de libre designación, estableciendo criterios objetivos de mérito y capacidad y favoreciendo la designación de funcionarios de carrera.

 

b) Potenciar las funciones de transparencia, inspección y antifraude, garantizando la independencia de los técnicos responsables y su capacidad de control y actuación.

 

c) Establecer formas de participación del personal municipal en la gestión y en la organización de la estructura del Ayuntamiento.

 

d) Establecer criterios transparentes y objetivos en la selección y retribución de los gestores, directores y personal artístico y cultural contratado en atención a los méritos académicos, profesionales y/o al proyecto de gestión presentado, con el fin de evitar el clientelismo.

 

2.3.2. Instauración de principios de transparencia y accesibilidad de la información  pública.

 

a) Implementar medidas de transparencia de la gestión pública con información veraz y actualizada de todos los presupuestos, gastos y balances anuales, convocatorias, concursos y plazas de empleo.

 

b) Garantizar el acceso a toda la información pública tanto en papel como en formato electrónico abierto, interoperable y descargable mediante servicios web de código abierto y accesible.

 

c) Crear un índice claro de la información que tiene la administración en su poder y de su lugar de publicación.

 

En el caso último de Barcelona en Comú proponen aprovechar las TIC para promover la cultura libre y accesible y así “fomentar el uso de licencias libres que permitan el acceso y la reutilización de los materiales (publicaciones,  videodocumentación). Favorecer la digitalización de los archivos de acuerdo con los estándares internacionales de  conocimiento abierto que utilizan instituciones de todo el mundo.”

 

Por su parte, La Red de Archivos de Comisiones Obreras (CC.OO.) insta al Gobierno a que cambie la política archivística que se está llevando a cabo, tan restrictiva en cuestiones de acceso a los documentos, entre otras cosas. Esta petición vino a cuento de la reciente publicación, que ya recogimos en una noticia anterior, de la aparición de documentación que confirma que la muerte de García Lorca fue crimen de Estado. ¿Estarán de acuerdo los nuevos y tradicionales partidos políticos en reformular las políticas archivísticas bajo criterios archivísticos profesionales como pide CC.OO.? De momento, habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

 

Bruno Camacho

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