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Sábado, 30 Septiembre 2017 00:00

Gobierno Abierto de Asturias

El Principado de Asturias ha puesto en marcha un nuevo portal que une los contenidos relativos a Transparencia, Participación y Open Data denominado “Gobierno Abierto” y que incorpora nuevas funcionalidades, contenidos, diseño web y una notoria mejora en el acceso.

Todos estos cambios pretenden mejorar el servicio del ciudadano y la transparencia del gobierno al disponer de más de 100 bloques de información en red sobre temas como la administración, la economía, la contratación publica, los procesos participativos, el pacto social contra las violencias machistas, licitaciones, adjudicaciones, subvenciones, etc.

Finalmente, con este portal se pretenden también reducir el número de solicitudes de información particulares, de manera que todos los usuarios puedan satisfacer sus demandas a través del acceso al portal desde el siguiente enlace: http://www.asturias.es/gobiernoabierto.

Alberto Fraile

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El tercer plan de acción de Gobierno abierto, que pretende garantizar la transparencia para el periodo 2017-2019, será presentado a la Alianza para el Gobierno Abierto durante el mes de julio. Este plan presenta aproximadamente 20 nuevas medidas distribuidas en cinco puntos clave (colaboración, participación, transparencia, rendición de cuentas y formación) y donde destaca la mejora del acceso ciudadano a la información judicial.

Dicha mejora se llevara a cabo a través de una serie de medidas como son la puesta a disposición de los ciudadanos de mayor información sobre vistas orales, documentos de expedientes judiciales ofrecer, desde la sede electrónica del Ministerio de Justicia, el servicio de retransmisión en streaming de determinadas vistas judiciales y, finalmente, mejorar y ampliar los contenidos del portal de transparencia de la Administración General del Estado.

Por último, se fortalecerá el programa Aporta de apertura a la información del sector público a través del desarrollo de la Ley sobre reutilización de información del sector público, la ampliación del catálogo nacional de datos abiertos, la formación de empleados públicos en los valores y estrategias de gobierno abierto, la sensibilización de la sociedad civil a través de recursos informativos abiertos y gratuitos y la inclusión de medidas de educación en materia de  transparencia que realicen actividades en los colegios.

Alberto Fraile

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El Ayuntamiento de Logroño ha elaborado una aplicación informática que permite a los ciudadanos descargar, sin necesidad de tramitación o pago previo de ninguna tasa, toda la documentación relacionada con el Plan General Municipal (PGM), así como la cartografía del municipio.

Además, por vía de los concejales Pedro Sáez Rojo y Manuel Peiró, el Ayuntamiento ha recalcado la utilidad de esta herramienta no solo para los diversos profesionales del ámbito geográfico, sino también para los ciudadanos, ya que permite acceder de una manera rápida, sencilla, directa y grafica a la ordenación general de término municipal de Logroño, a datos de clasificación del suelo, a datos de usos globales y a datos sobre la estructura orgánica del territorio.

Finalmente, la utilización de esta aplicación es muy sencilla, pudiéndose utilizar también en dispositivos móviles y garantizando una navegación intuitiva que permita localizar la información deseada y, en caso de ser necesario, realizar su descarga en un formato pdf que no puede ser modificado y que garantiza el compromiso del Ayuntamiento hacia una gestión transparente y que garantice el acceso de los ciudadanos a la información municipal.

Por último y, de modo provisional hasta la finalización del proyecto y el lanzamiento de la aplicación definitiva, se puede utilizar la versión beta de prueba desde el siguiente enlace: http://gis.logro-o.org/#/

 

Alberto Fraile

 

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La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) considera los fondos documentales de un municipio como elementos esenciales para la defensa de los intereses de sus habitantes gracias a la seguridad que ofrecen de la realización de una gestión administrativa transparente y eficaz que permite, a su vez, preservar la historia de dicho municipio.

Por este motivo, la Diputación Provincial de Zaragoza ha inventariado ya más de 1.100.000 documentos en 214 municipios diferentes durante un periodo de tiempo que comprende los últimos 33 años y donde, en un primer momento, los archivos municipales estaban prácticamente abandonados, provocando la necesidad de que los primeros años se dedicaran a realizar únicamente actuaciones de urgencia que evitaran la perdida física de los documentos que se encontraban en peor estado.

En la actualidad, esta situación ha mejorado considerablemente pero, a pesar de esto, en la gran mayoría de los municipios no existen medios humanos y económicos que permitan realizar las tareas de gestión de la documentación y, de hecho, solo tres ayuntamientos poseen personal destinado específicamente a tareas de archivo.

Por último, la DPZ también ha facilitado la conservación de los documentos de archivo gracias a más de 1.3 millones de euros destinados a subvenciones que permitan acondicionar los locales donde se ubican físicamente los documentos y a equipar dichos lugares con el mobiliario adecuado para la conservación.

Alberto Fraile

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá ha facilitado, a pesar de las restricciones impuestas por la Constitución y la Ley, el acceso en abierto a los archivos con temática sobre la invasión sufrida en el país por parte de Estados Unidos hace casi ya 30 años (1989). El objetivo de esta apertura es el de que los estudiosos, tanto nacionales como internacionales, puedan consultar la información valiosa contenida en dichos archivos, los cuales se encuentran en un estado de conservación casi perfecto como consecuencia de su no utilización durante los últimos 28 años.

Entre los fondos que se podrán consultar se pueden encontrar presunciones de muerte tramitadas en la jurisdicción civil por parte de juzgados de circuitos, diversos sumarios por supuesta causa de muerte que fueron tramitados por las fiscalías superiores y el Segundo Tribunal y otros documentos de diversa índole que, eso sí, se encuentran perfectamente ordenados y organizados, facilitando así la localización de los archivos deseados.

Finalmente, los resultados de los estudios realizados sobre estos archivos determinaran el numero e identidad de las víctimas fatales, así como las violaciones de los derechos humanos ocurridas hace casi 3 décadas, lo que puede consumar en la declaración del día 20 de diciembre como día de duelo nacional en Panamá.

Alberto Fraile

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Durante la semana del 12 de diciembre del año 2016, Estados Unidos ha desclasificado cerca de 500 documentos del Departamento de Estado y de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) relativos a la dictadura argentina que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983, así como de la Operación Cóndor (plan de represión de las dictaduras militares sudamericanas durante las décadas de los 70 y los 80) y los ha entregado, en el Archivo Nacional de la Memoria de Buenos Aires, a Claudio Avruj, Secretario de los Derechos Humanos Argentino.

Estos documentos abarcarían por tanto las legislaturas de presidentes como Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989) y contendrían, entre otros documentos, testimonios de las víctimas, informes del servicio diplomático e informes de agencias de inteligencia estadounidense que, en estos momentos, están siendo examinados por diversas organizaciones no lucrativas como la Asociación Madres de Plaza de Mayo o el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), con el objetivo de encontrar la verdad a lo ocurrido durante esa etapa tan oscura del país.

Se debe tener en cuenta también que su desclasificación ha venido dada principalmente por la petición de diversas organizaciones de los Derechos Humanos que desembocaron en el compromiso de Barack Obama de entregarlos a la nación Argentina ya que, de hecho, esta sería la segunda tanda de documentos entregados a este país después de que en agosto de este mismo año fueran entregados más documentos, también en Buenos Aires, al Presidente argentino Mauricio Macri. Finalmente, se espera que a lo largo del año 2017 se acaben desclasificando todos los documentos restantes que tengan alguna relación con esta trágica etapa de manera que se favorezcan las investigaciones y se arroje luz sobre los hechos acaecidos durante este periodo.

Por último, se ha comunicado que los documentos se traducirán y harán accesibles pero, de momento, algunos de estos archivos desclasificados ya han sido ofrecidos en su idioma original y en acceso libre a través de Internet para todas aquellas personas interesadas en su contenido, pudiéndose acceder a ellos a través del siguiente enlace: https://icontherecord.tumblr.com/

Alberto Fraile

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Los numerosos problemas que se han venido sucediendo en la provincia salmantina con respecto a la conocida como ‘Trama Diputación’ ha ocasionado que algunos grupos políticos como PSOE, IU y Ganemos, de Salamanca, hayan presentado una queja contra la Diputación y el Ayuntamiento de Salamanca, pidiendo mayor transparencia y acceso a los documentos relacionados con la contratación irregular de Fomento en la que se han visto implicados Carlos García Sierra, vicepresidente y diputado de Fomento en la provincia, Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, alcalde de Salamanca, y Manuel Borrego, al que se ha señalado como principal responsable de los contratos irregulares, junto con el vicepresidente de la Diputación de Salamanca.

Ganemos Salamanca ha pedido la intervención de los Juzgados y Tribunales, así como de la Fiscalía, funcionarios y constructores, para que investiguen y den cuenta sobre esta presunta trama, afirmando que son los únicos capaces de ver más allá de la opacidad de la Diputación y el Ayuntamiento para denunciar posibles casos de corrupción. Además, han solicitado la dimisión de todos los implicados en la trama, al igual que el grupo de Izquierda Unida, insistiendo en que el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, había sido acusado un año antes por prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. Por su parte, el PSOE solicitó al Partido Popular información acerca de los contratos y el informe interno generado, pero se rechazó su propuesta, al igual que la de la creación de una comisión de investigación. Además, el PSOE pidió un listado de los documentos que han sido destruidos por el Partido Popular, así como información acerca del protocolo de actuación referido a la custodia de los archivos y el material informático de los dos funcionarios, entre los que estaba Manuel Borrego, encargados de la contratación.

 

Bruno Camacho

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Martes, 02 Diciembre 2014 00:00

La transparencia en España

Desde que España forma parte de la Unión Europea se han adaptado al Derecho interno numerosas directivas propuestas desde los órganos de gobierno europeos. Esta legislación, junto con la ya existente, ha propiciado numerosos cambios en el ámbito del acceso a la información de carácter público, y también ha supuesto la implantación de la transparencia como método efectivo de erradicar la corrupción y llevar a cabo buenas prácticas de gobierno en la nación. Sin embargo, las políticas y propuestas reguladas son aplicadas de forma teórica y dejan muchos vacíos legales en la práctica. Por ello, en el presente trabajo se tomará la figura del archivo y los archiveros como instrumentos capaces de proporcionar un marco práctico efectivo en la gestión de los documentos de la Administración y de los partidos políticos.

Bruno Camacho

 

CAMACHO MATEOS, Bruno. Los archivos y el acceso a la información pública en España como elementos clave de la transparencia política [en línea]. Archivpost. Salamanca: ACAL, 2014. Disponible en: http://www.acal.es/index.php/archivpost-a-fondo/item/1503-la-transparencia-en-espana

 

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El pasado 3 de noviembre tenía lugar en Cuenca la Jornada técnica sobre la Ley de Transparencia. Esta jornada se celebró en el Archivo Histórico Provincial de Cuenca, y fue organizada por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con ayuda del Servicio de Archivos, Museos y Exposiciones.

 

La jornada se dividió en cuatro ponencias y una mesa redonda. En estas ponencias participaron Daniel de Ocaña Lacal, archivero jefe del Tribunal Constitucional; Severiano Fernández Ramos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz; Joaquín Meseguer Yebra, inspector general de servicios del Ayuntamiento de Madrid; Antonio Ibáñez Pascual, jefe de servicio de SIAU y Web corporativa de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, y también el delegado de la Junta de Cuenca, Rogelio Pardo.

 

A lo largo de las ponencias y el debate final de la mesa redonda se trataron temas relacionados con el acceso a la información y los ciudadanos desde una perspectiva archivística, las ventajas e inconvenientes de esta nueva ley promulgada el pasado año, y los nuevos retos que supone para España, la Administración Pública y los profesionales de los archivos. Se debatió sobre la importancia de poner sobre la mesa una Ley de Transparencia operativa y funcional para que, a través de una buena gestión -en la que tienen mucha importancia los archivos, según comentaba Rogelio Pardo-, la información y los datos públicos sean accesibles para cualquiera que los solicite.

 

Bruno Camacho

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El pasado 21 de Enero de este mismo año, el relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Pablo de Greiff, llega a España con motivo de hacer una revisión, presentada este mes de septiembre, de las medidas adoptadas por el Gobierno de España con motivo de las violaciones a los derechos humanos acaecidas durante la dictadura franquista, la Guerra Civil y la postguerra española.
 
Greiff, el autor de este análisis, ha recogido una serie de puntos que ponen de manifiesto las faltas para con las víctimas de la Guerra Civil, insiste en que la educación actual aporta un punto de vista muy flojo de los excesos del régimen, señala que los símbolos franquistas siguen hoy visibles y además hace hincapié en la falta de información al respecto (censos de víctimas, niños robados, trabajos forzosos, etc.)
 
En este sentido la gran afectada es la Ley de memoria de 2007, que según Greiff no ha conseguido solucionar nada, y también hace reavivar las dudas con respecto a las carencias de la Ley de Transparencia promulgada por el actual gobierno de Rajoy en 2013. La Ley de Transparencia y Acceso ha llegado con retraso a España con respecto a otros países de la Unión Europea, como Suecia (1766), Francia  (1978), Reino Unido (2000) o Alemania (2005).
 
 
La transparencia es la herramienta de reforma de un país hacia el camino del bienestar social y la anti-corrupción, y los archivos deben ir de la mano como elemento de acceso a la información. El problema de los archivos es que son parte de la Administración Pública de la que somos en teoría partícipes, pero en la práctica las instituciones públicas son las que nos dan acceso a determinados datos y no los archivos. Así pues la información tiene un acceso parcial y los archivos se vuelven trasparentes para la mayoría de nosotros y es la Administración la que asume sus funciones.
 
Así lo relata el informe citado, que el Archivo y centro Documental para la memoria histórica de Salamanca cumple con los requisitos pactados, pero sigue habiendo problemas con la práctica para acceder a documentos y archivos, muchos de ellos clasificados, cuya información no repara los vacíos legales que emanan de este problema. Deberíamos insistir en una mejor Ley de Transparencia que otorgue más importancia a los archivos u documentos, tal y como dijo en su momento Rosana de Andrés Díaz, expresidenta de la Asociación de Archiveros en la Función Política (AEFP).
 
 
Bruno Camacho Mateos
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